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Los Graduados Sociales advierten de las consecuencias negativas de la subida del SMI

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“Un incremento de más de 20 puntos va a ser inasumible por la mayoría de pequeñas y medianas empresas de nuestro tejido productivo”

 

El Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales ha mostrado su preocupación por la entrada en vigor, desde el 1 de enero, a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aprobada en Real Decreto por el Consejo de Ministros y que supone un aumento del 22,3% respecto a su actual cuantía y su mayor alza desde 1977: 900 euros mensuales por catorce pagas.

La comisión permanente del órgano de representación de los más de 9 mil graduados sociales andaluces ha señalado que la decisión del Gobierno acarreará consecuencias negativas, “de fondo y de forma”, indica su presidente, José Blas Fernández Sánchez. A su juicio, “un incremento de golpe de más de 20 puntos va a ser inasumible por la mayoría de pequeñas y medianas empresas que conforman el grueso de nuestro tejido productivo”.

El Consejo Andaluz de estos operadores jurídicos sostiene que esta medida tendrá un doble efecto negativo: mayor desempleo y desprotección para los trabajadores y un incremento del fraude, “porque las empresas, especialmente las más pequeñas, no va a poder asumir este incremento de la noche a la mañana”, sostiene José Blas Fernández.

Los representantes del consejo no entienden como esta medida se ha adoptado “a espaldas de los empresarios, fuera de la mesa para el diálogo social, y también sin contar con la opinión de los operadores profesionales en materia laboral, los graduados sociales”.

“Gobierno y sindicato han adoptado una medida que afecta mayoritariamente a las empresas sin contar con ellas. El resultado a corto plazo será la reducción de márgenes y el incremento de la tensión laboral. De hecho, el impacto de la subida en las Administraciones Públicas es mínimo, mientras que en las empresas se reducirá la contratación si se incrementan los costes salariales”, advierte el presidente de los graduados sociales.

“Cualquier profesional de las relaciones laborales advertiría del impacto negativo de pasar de un coste de 13.500 euros anuales para la empresa a los 16.510 euros al año que supone el nuevo SMI. Un verdadero problema para empresas con plantillas acogidas a esta medida: comercio, hostelería, servicios, etc.”, advierte José Blas Fernández.

 

Nota de prensa e imagen: Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta