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Se avecina una pandemia judicial

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Despidos y ERTE inundan un juzgado de lo Social de Cádiz que ya se encontraba en una complicada situación antes de la llegada del COVID-19

 

Los juzgados de lo Social están totalmente colapsados. Ya antes de que el coronavirus monopolizara los problemas a nivel global, existían importante retrasos en los procedimientos; ahora que se han incrementado los ERTE o los despedidos, se avecina una auténtica pandemia judicial. Es la voz de alerta que lanza José Blas Fernández, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz en una información publicada en www.lavozdigital.es.

 

Según explica ya se están dando señalamientos de juicios para 2023. Se trata sobretodo de reclamaciones de cantidad, es decir, demandas de empleados a empresas acerca de deudas en salarios, pluses u otras cuantías. Los procedimientos sobre despidos suelen ser preferentes aunque la avalancha que se espera debido al parón por la pandemia hace temer a estos profesionales lo peor porque, en este sentido, ya había cierta acumulación anterior de causas y retrasos.

 

Además a esto se suma el tiempo que el CEMAC, el centro de mediación de la Junta que buscan llegar a un acuerdo de las partes para evitar el conflicto judicial, ha estado también cerrado. Las conciliaciones se han ido acumulando y a ellas se han ido sumando las nuevas, por lo que las que no se han podido resolver de esta manera arbitral irán llegando también a la sala. «Octubre, noviembre y diciembre va a ser tremendo», advierte Fernández. «Si lo que ya tenemos va tarde imagina lo que viene». Y lo que viene, como alertan los expertos, es una sucesión de ERTE, ERE y despidos de multitud de empresas que no han podido sobrevivir a los daños económicos del coronavirus. Y muchos de estos conflictos laborales se tendrán que dilucidar en los juzgados cuando el empleado o el propio empresario entiendan que sus derechos se han visto o no quebrantados. «Se espera un aluvión de causas. No hay otra».

 

Y los asuntos del Derecho del Trabajo tienen su complejidad. «Después de un ERTE, un ERE, o un despido hay que hacer miles de trámites antes de que el juez ejecute la sentencia. Se tarda años normalmente y, en esta nueva situación, esa espera irá a más».

 

Y el final. Es decir, el que el afectado pueda cobrar lo acordado por el juez también se complica en momentos de crisis económicas. «Muchas veces en el tiempo que transcurre, las empresas cierran, desaparecen. Entonces hay que ir al fondo de garantía pero este también tiene sus límites y ahora se puede ver desbordado igualmente».

 

Por otro lado la casuística de que una empresa pueda demostrar si realmente la aplicación del ERTE está ajustada a lo establecido será otro caballo de batalla. Ya lo está siendo, por lo que esta cadena no deja de sumar eslabones. «Y los medios siguen siendo los mismos».

 

En la provincia de Cádiz hay actualmente ocho juzgados de lo Social. Tres en Cádiz, otros tres en Jerez y dos en Algeciras. Desde el Colegio de Graduados Sociales han solicitado en reiteradas ocasiones que se envíen jueces de apoyo que puedan trabajar codo a codo con los titulares. Y que esos jueces sean expertos en la materia. «Consideramos que la especialización es básica. Lo social es una jurisdicción muy concreta y complicada. Hay continuas modificaciones y los escenarios van cambiando. Un juez especializado y ágil es una garantía». Por ello también han solicitado que aquellos profesionales que en edad de jubilación quieran seguir su carrera puedan continuar ejerciendo. «Son grandes conocedores de la materia que es lo que se necesita ahora».

 

Además para un mejor funcionamiento, han propuesto que los secretarios, ahora letrados de la Administración de la Justicia, puedan ejercer un mayor mando en cada oficina judicial. Se da la circunstancia que en cada juzgado, cada uno de estos profesionales dependen de un organismo distinto. Es decir, los jueces del Consejo del Poder Judicial, los secretarios del Ministerio y los funcionarios, además de los medios, infraestructura, etc… de cada comunidad autónoma. «Sería importante que hubiera una persona que asumiera la coordinación entre ellos, un mando que ayude en la organización».

 

En definitiva, medidas que palien de alguna manera el retraso que, como lamentan, ya existía, y que con el nuevo y desalentador panorama económico que se presenta, pueda ser «todavía mucho peor».

 

«Estamos abrasados»

En este mismo sentido se manifestaba hace unos días uno de estos profesionales del Derecho escribiéndole una carta abierta a Juan Martínez Moya, magistrado vocal de lo Social en el Consejo General del Poder Judicial, después de que este órgano vista la situación les hubiera pedido «compromiso».

 

«No nos interesan vuestro planes de actuación porque hemos superado todo umbral máximo de entrega y dolor», le decía. «Y también de confianza en vuestra gestión. No podemos más. No hay estímulo ni dinero que pueda comprar un mayor sacrificio. Sencillamente: ¡estamos abrasados!».

 

Como argumentaba este profesional, tras la crisis de 2002 y la de 2008, 2009, la carga de trabajo ya superó lo realmente asumible, «una carga, digámoslo, estructuralmente excesiva que solo ha merecido soluciones coyunturales en forma de refuerzos parciales que a fuerza de reiterarse en el tiempo ya forman parte del paisaje», denunciaba.

 

«Nuestro compromiso no ha sido nunca moral, ha sido físico e intelectual afectando a nuestra vida personal y familiar e incluso en algunos casos a nuestra salud. Hemos estado sometidos a un estrés formidable sujetos a un trabajo que no tenía fin, que nos desbordaba continuamente. Que todavía el año pasado representaba el 200,5 del módulo de entrada. En algunos lugares los tiempos de señalamiento se han disparado. Nunca hemos estado a tres o cuatro años y cuando se han incrementado, nuestro compromiso se ha maximizado para irlos reduciendo poco a poco».

 

Como advertía, «la Justicia social ya se arrastraba antes del Covid, ya son muchos los años que interesábamos con respuesta negativa por parte del Gobierno judicial el establecimiento de cargas máximas. Inútilmente. Sabéis que con cargas máximas razonables no era posible atender la carga que hemos padecido desde 2002 a 2019. Menos ahora con el Covid. Continuamos pidiendo buena fe».

 

Además hacía también referencia a otra nueva condición. Y es que para evitar contagios por coronavirus entre juicio y juicio hay que esperar un tiempo de celebración para la desinfección de las salas y también para evitar que los ciudadanos se agolpen a las puertas. Por ello los señalamientos no pueden ser tan continuados, algo que choca con la idea de querer agilizar las celebraciones.

 

Fuente texto: lavozdigital.es

Imagen: graduadosocialcadiz.net